Tras el aluvión mediático de semanas pasadas sobre el mercadeo de pactos, mociones de censura, transfuguismos que se asentaban en las más variopintas justificaciones, elecciones sorpresa y un variado etcétera que caldeaba la vida política, la tensión en los titulares ha subido aún más, no por estas cuestiones y, ni tan siquiera por el virus que nos sigue acompañando…, sino, por lo que parece estar siendo el juicio mediático del año, sin contradicción, pero con más publicidad que nunca y, aun cuando no existe causa abierta judicialmente.
Dejando a un lado la realidad contada por una de los protagonistas de la historia, en lo que no voy a entrar, pero con la que sin duda puede uno empatizar a poco que haya tomado conciencia con el problema de la violencia de género que existe en nuestra sociedad, no cabe duda que el relato retransmitido por Rocío Carrasco probablemente consiga desbancar las audiencias que, hace justo un año, tenía nuestro Presidente cuando desde nuestras casas asistíamos a sus interminables alocuciones, ávidos de noticias esperanzadoras que nos permitieran salir de casa.
Un año después de aquello, con muchos interrogantes aún en torno al coronavirus, se nos presenta desde los medios capitaneados por aquellos que se dedican esencialmente al corazón, ‘la verdad’. Y, de esa verdad, cual virus que corre sin vacuna, o lo que es lo mismo, sin conocer los autos, las pruebas o cualquier documento o prueba que ha servido para el dictado de una resolución judicial, las redes sociales, ciudadanos e incluso políticos, se han erigido en jueces decidiendo quién es culpable y quién inocente en esta sórdida historia.
Tomando perspectiva más allá de la pantalla de televisor, quizá deberíamos hacernos mirar ese menosprecio hacia la Administración de Justicia que se está generalizando con ocasión de las declaraciones televisadas que están en boca de todos. No es ocioso recordar cómo, a lo largo de nuestra historia más reciente, hemos venido asistiendo a notorios asuntos judiciales que han sido objeto de un juicio paralelo en los medios de comunicación. El caso Wannikhof, el caso Malaya con la implicación de la mediática Isabel Pantoja, o el proceso contra el que fuera esposo de la madre de quien hoy relata su historia a modo de documental, son entre otros muchos, asuntos en los que el conjunto de informaciones y el seguimiento que los medios han hecho en paralelo a la investigación o enjuiciamiento de los mismos, han terminado por realizar una valoración ética y jurídica de la conducta de los implicados, adoptando ante la opinión pública el papel de juez, fiscal o abogado defensor según los casos.
En este caso, la opinión pública no está transcurriendo en paralelo respecto de una investigación o enjuiciamiento de los hechos que relata ‘la hija de la más grande’, sino que, habiendo existido una instrucción penal ya, y constando ésta archivada provisionalmente, el ‘prime time’, está poniendo patas arriba la presunción de inocencia de quien fuera su marido. Presunción de inocencia que, en palabras de la STC 81/1998 opera como el «derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida más allá de toda duda razonable». Con ello, no queremos mantener un fundamento exculpatorio o de posicionamiento a favor de quien está siendo sometido al juicio popular, sino llamar la atención en todo caso, de que no puede perderse de vista que la denuncia por los hechos que nos están llegando por episodios domingo tras domingo, han sido objeto de una instrucción en la que, con mayor o menor acierto se han practicado las pruebas que cada una de las partes ha tenido a bien aportar y, que finalmente ha sido archivada provisionalmente.
Sobre ello, el Juez José Antonio Vázquez Taín, quien ha recibido apelativos como ‘el Garzón gallego’ o ‘el Robin Hood de Villagarcía’ y, que sin duda goza de mayor criterio que quien suscribe estas letras, ha dicho que, es «cierto que los archivos solo son provisionales (…). Nunca se hace un archivo definitivo por aquello de ‘si algún día aparece un nuevo indicio’, (…) Pero, para poder reabrir una causa que esté archivada tiene que aparecer algo nuevo».
El archivo de los malos tratos de la denuncia que hoy está en el punto de mira mediático, se produjo en 2018, por lo que en aras precisamente a su provisionalidad, podría reabrirse siempre que se puedan aportar pruebas relevantes sobre los hechos que se están dando a conocer a la opinión pública y, siempre que tales pruebas, si me permiten, se aporten, no en un medio de comunicación, sino ante los órganos judiciales, a los que se les presupone mayor especialidad, conocimiento y sin duda competencia, para determinar la existencia o no de la comisión de un delito.
Nada nuevo les descubro si les digo que la Administración de Justicia es lenta, que en muchos casos se comenten errores (a Dios gracias, para eso existe el sistema de recursos que permite su subsación), pero pese a ello, permítame que mantenga que algo más de garantista tiene, que esta justicia paralela en los medios de comunicación y redes sociales a la que estamos asistiendo, salvo, claro está, que se prefiera una Ley de la selva sin marco regulatorio alguno y una justicia televisiva que dispare directamente al epicentro de nuestro sistema de derecho.
